A pesar de que el agua es esencial para la vida, y que por ello el acceso a ella es considerado como un derecho humano, su creciente escasez ha despertado la ambición de organismos internacionales, empresas transnacionales y autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes ahora la ven como una mercancía.
Por tanto las políticas gubernamentales se han dirigido por el camino de la privatización, y la consecuente comercialización del líquido.
Chiapas no escapa de ello, los gobiernos municipales paulatinamente han aumentado el costo de distribución, y provocado con las deficientes políticas públicas y practicas de corrupción, una crisis en los sistemas en la que plantean como la única alternativa la privatización del servicio, bajo el esquema de la concesión.
En el Congreso del estado se gesta ya la aprobación de una ley que autorizaría el primer proyecto de privatización-concesión para la capital, Tuxtla Gutiérrez, y su Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).