Viola el Estado mexicano derecho humano al agua

Alerta el TLA sobre el descontento social

Angélica Enciso L.

 

Periódico La Jornada
Lunes 12 de noviembre de 2012, p. 41

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) condenó al Estado mexicano por la violación de tratados internacionales y nacionales que garantizan el derecho humano a este recurso y lo alertó sobre los niveles de descontento social en el país y la ausencia de instrumentos de participación ciudadana para canalizarla.

Esto ocurrió al término de la sexta audiencia pública que se realizó la última semana en Buenos Aires, donde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) presentó el casoPosible colapso hídrico en México y violación del derecho humano al agua de sus presentes y futuras generaciones en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

El TLA tiene carácter ético y con este veredicto también resolvió que hay incapacidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental. Advirtió que hay un creciente deterioro del derecho humano al agua en el país, así como insuficiencia de los mecanismos jurídicos para detenerlo.

Recomendó al Estado mexicano definir el acceso al agua y al ambiente adecuado como un derecho humano fundamental y como un bien social y común.

Al nuevo gobierno federal pidió que se revise el sistema de procuración de justicia ambiental y se instauren órganos jurisdiccionales en la materia con plena autonomía administrativa y presupuestal.

También pidió cumplir con las recomendaciones hechas por el tribunal en las pasadas audiencias públicas realizadas en 2006, 2007 y 2008, así como establecer un mecanismo institucional de observación y monitoreo con representación civil y amplia participación ciudadana que garantice la atención y el cumplimiento de dichas recomendaciones.

Sugirió resolver los vacíos y omisiones legales existentes en la normatividad hídrica y medioambiental mexicana.

Recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno su obligación de garantizar el aprovisionamiento del recurso hídrico para beneficio de las personas antes del aprovechamiento lucrativo de empresas.

Para emitir este veredicto, el tribunal se basó en la jurisprudencia internacional, en el reconocimiento universal del derecho humano al agua y la Resolución 64/292 (2010) de Naciones Unidas en el mismo sentido.

Además, señaló, el Estadocriminalizó en muchas oportunidades a los defensores de los derechos ambientales para reprimir o intimidar a los que cuestionan el papel que desempeña el Estado para favorecer intereses privados. La represión a las luchas socioambientales que los pueblos de México han sufrido, en los pasados 11 años, representa un acoso y una persecución sin precedente.

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SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

Tuxtla Gutiérrez; 11 de noviembre de 2013.
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El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), solicitó al Mtro. Lorenzo López Méndez, responsable de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; emita MEDIDAS CAUTELARES y solicite a los ciudadanos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado para que en el análisis de la “Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA) para que publique una convocatoria a licitación pública conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento de la cual resulte la celebración de un Contrato de Asociación Público-Privada para la Prestación de Servicios Integrales con riesgo comercial a un plazo de 25 (veinticinco) años, consistente en la prestación de servicios de potabilización, producción, distribución y comercialización de agua potable y servicio de alcantarillado en el área de servicio de Tuxtla Gutiérrez”; consideren una perspectiva de derechos para evitar la violación del derecho humano al agua y saneamiento; ya que, de ser aprobado el dictamen estarían adoptando una medida anticonstitucional, violatoria de los artículos 1º y 4º, así como de instrumentos internacionales de derechos humanos.
La aprobación a concesiones y contratos de prestación de servicios a particulares (empresas), son formas parcial o total de privatización del agua que operan bajo los principios y normas del comercio de la oferta y la demanda (ganar- ganar), considerando el agua y el servicio como un bien económico. Las deudas en pago de agua son solventadas con medidas mercantiles: cortes del servicio, recargos, embargos de bienes, etc. Dejando a las familias sin el servicio, endeudadas, con perdidas económicas y de bienes.
Esto genera consecuencias lacerantes en las familias, principalmente de escasos recursos, impactando a su vez en la violación de otros derechos humanos como: a la salud, la alimentación, la vivienda digna, un nivel de vida adecuado, entre otros.

Foro Por un sistema de agua potable, público, democrático y transparente