09/10/2013 04:03
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El cónclave tuvo lugar en el auditorio del Sindicato de Telefonistas, y los participantes acordaron realizar una marcha el próximo domingo 20 de octubre a las 11 horas desde el Paseo Bravo al zócalo de la capital ■ Foto Rafael García Otero
La tarde de ayer se realizó la primera asamblea del Colectivo en Defensa del Agua, conformado por poblanos que tramitarán un amparo para poder combatir la privatización del servicio de suministro que planteó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y aprobó el Congreso local.
El cónclave tuvo lugar en el auditorio del Sindicato de Telefonistas y los participantes –en su mayoría simpatizantes de organizaciones, partidos, sindicatos y asociaciones de izquierda– acordaron realizar una marcha el próximo domingo 20 de octubre a las 11 horas desde el Paseo Bravo al zócalo de la capital.
La reunión fue encabezada por los abogados laboristas Abelardo Cuéllar Delgado y Leopoldo Uribe, amén del litigante especializado en defensa de derechos humanos y ambientales, René Sánchez.
Se acordó la realización de una campaña de difusión entre la ciudadanía para darles a conocer los efectos nocivos de la privatización de los sistemas de suministro de agua potable y en seguida explicarles los alcances de defensa que puede tener la tramitación de juicios de garantías.
Por lo pronto, ayer se distribuyó a los asistentes un documento elaborado por Abelardo Cuéllar Delgado, el Congreso Progresista del estado de Puebla y el Colectivo en Defensa del Agua en el que se informan los pasos necesarios para el amparo directo y también los argumentos para promover el juicio de garantías contra la Reforma a la Ley del Agua en el Estado de Puebla.
Se explica “que en distintas partes del mundo y del país, en cumplimiento a recomendaciones del Banco Mundial, los gobernantes, a espaldas del pueblo que los eligió, han decidido concesionar a particulares nacionales y extranjeros la infraestructura del servicio del agua, y eso trajo como consecuencia encarecimiento, mal servicio y hostigamiento en cobros”.
Entre otras cosas, se advierte que “el amparo sólo es un medio de organización social, no termina con la presentación de la demanda ni con una sentencia. La lucha legal debe ser respaldada con un movimiento informado, concientizado, organizado desde la familia, calle, manzana, colonia, barrio, junta auxiliar, ayuntamiento, región, territorio”.
Finalmente, se asevera que “la privatización del servicio público del agua es parte de las reformas estructurales (educativa, fiscal, energética, seguridad social, del campo, salud, vivienda) que han perjudicado a millones de mexicanos y mexicanas, y solamente con una acción conjunta y permanente podremos recuperar nuestros derechos que hoy nos arrebatan los políticos que están en el poder”.
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