Tuxtla Gutiérrez; 11 de noviembre de 2013.
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El Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), solicitó al Mtro. Lorenzo López Méndez, responsable de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; emita MEDIDAS CAUTELARES y solicite a los ciudadanos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado para que en el análisis de la “Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA) para que publique una convocatoria a licitación pública conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas y su reglamento de la cual resulte la celebración de un Contrato de Asociación Público-Privada para la Prestación de Servicios Integrales con riesgo comercial a un plazo de 25 (veinticinco) años, consistente en la prestación de servicios de potabilización, producción, distribución y comercialización de agua potable y servicio de alcantarillado en el área de servicio de Tuxtla Gutiérrez”; consideren una perspectiva de derechos para evitar la violación del derecho humano al agua y saneamiento; ya que, de ser aprobado el dictamen estarían adoptando una medida anticonstitucional, violatoria de los artículos 1º y 4º, así como de instrumentos internacionales de derechos humanos.
La aprobación a concesiones y contratos de prestación de servicios a particulares (empresas), son formas parcial o total de privatización del agua que operan bajo los principios y normas del comercio de la oferta y la demanda (ganar- ganar), considerando el agua y el servicio como un bien económico. Las deudas en pago de agua son solventadas con medidas mercantiles: cortes del servicio, recargos, embargos de bienes, etc. Dejando a las familias sin el servicio, endeudadas, con perdidas económicas y de bienes.
Esto genera consecuencias lacerantes en las familias, principalmente de escasos recursos, impactando a su vez en la violación de otros derechos humanos como: a la salud, la alimentación, la vivienda digna, un nivel de vida adecuado, entre otros.
La aprobación a concesiones y contratos de prestación de servicios a particulares (empresas), son formas parcial o total de privatización del agua que operan bajo los principios y normas del comercio de la oferta y la demanda (ganar- ganar), considerando el agua y el servicio como un bien económico. Las deudas en pago de agua son solventadas con medidas mercantiles: cortes del servicio, recargos, embargos de bienes, etc. Dejando a las familias sin el servicio, endeudadas, con perdidas económicas y de bienes.
Esto genera consecuencias lacerantes en las familias, principalmente de escasos recursos, impactando a su vez en la violación de otros derechos humanos como: a la salud, la alimentación, la vivienda digna, un nivel de vida adecuado, entre otros.
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