ITZEL GRAJALES
ITZEL GRAJALES
La gestión privada del agua sería un error que los ciudadanos de Tuxtla no deben permitir, porque “traería consecuencias violatorias de derechos humanos fundamentales”, opinó Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el Foro “Por un sistema de agua potable público, democrático y transparente”, dijo que la experiencia en otras ciudades demuestra que la celebración de contratos con la iniciativa privada, perjudica a los más pobres.
ACTOS INCONSTITUCIONALES
El investigador sostuvo que las empresas privadas tienden a aumentar la tarifa en pocos años, “lo que transgrede el derecho humano al agua en términos de acceso económico”; asimismo, se corre el riesgo de cortes masivos del servicio.
De ser aprobado por el Congreso del Estado de Chiapas, se acabaría con las políticas de ahorro de agua establecidas por la Constitución Política, que en su artículo cuarto señala la necesidad de un marco sustentable que garantice el acceso del servicio a todos, “por tanto, los actos que se desprendan de ese contrato, serían inconstitucionales”.
Una vez vigente, apuntó, los usuarios quedarían en total indefensión, porque aunque las recientes reformas a la Ley de Amparo permiten iniciar juicios en contra de particulares, “esto todavía no está desarrollado en la doctrina”.
LA EXPERIENCIA HABLA
Saltillo, Cancún, Aguascalientes y el Distrito Federal son sólo algunos ejemplos de que abrir la puerta a empresas privadas para que administren recursos imprescindibles como el agua es un riesgo.
“Se ha visto que las empresas no cumplen con sus promesas, aumentan desconsideradamente las tarifas, cortan el servicio y no reparan fugas; poco a poco el gobierno pierde el control, porque los funcionarios que antes cuidaban del proyecto, se van, mientras la iniciativa privada avanza en el territorio de lo que les conviene: ganar más.”
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
De acuerdo a la Constitución Política y el derecho internacional, la gestión del agua es una responsabilidad que debe repartirse entre el municipio, el estado y la federación, y estos deben abrir los cauces a la participación ciudadana.
La propuesta, expuso, es una estrategia de financiación para sanear gradualmente el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), en la que intervengan, inclusive, los ciudadanos.
“¿Si una empresa privada lo puede hacer, por qué no los mexicanos desde el gobierno? ¿Por qué pensar que los extranjeros tienen que salvarnos? Ellos solo vienen a hacer negocio.”
Gutiérrez Rivas señaló que se debe tomar como ejemplo a los pueblos en México que tienen una larga tradición de gestión comunitaria del agua, basada en esfuerzos saneados, democráticos y sustentables, que garantizan el acceso al agua para todos y a un precio accesible.
TIEMPOS DISTINTOS
Por su parte, el diputado Emilio Salazar Farías aseveró que los tiempos del Congreso del Estado no son del SMAPA, por tanto, la Comisión de Hacienda, de la cual es presidente, se tomará un tiempo –indefinido- para analizar la propuesta del presidente municipal Samuel Toledo Córdova Toledo, que permitiría a una empresa privada administrar el servicio por 25 años.
