El Heraldo de Chiapas
11 de septiembre de 2013
MARIANA MORALES
Un grupo de expertos pertenecientes a las universidades de Chapingo, Nacional Autónoma de México (UNAM) y Cochabamba, Bolivia, explicaron lo que sucedió en países de Latinoamérica después de que el estado o municipio otorgó a la Iniciativa Privada (IP) la administración y manejo de ese servicio.
El agua es un bien social y no económico. El párrafo sexto del artículo 4 constitucional señala que es un derecho humano. Por ejemplo, en Saltillo sucedió que tras los primeros meses de concesionar el servicio el costo aumentó en un 60 por ciento; quienes por primera vez solicitaban el servicio de conexión la empresa les pedía un pago inicial de 12 mil pesos; los árboles también sufrieron las consecuencias porque la limpia de los parques públicos tuvo un precio alto.
En Cochabamba, Bolivia, ocurrió lo mismo, aunque en este lugar tras un año de concesionar, los pobladores lograron que la empresa privada saliera de la ciudad; el Banco Mundial (BM) había logrado la privatización, pero los pobladores consiguieron más, el servicio del agua regresó a ser público estatal.
Óscar Olivera, de la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho del Agua contó que cuando se había concesionado el líquido en aquel estado de América del Sur, la tercera parte del salario de una persona lo destinaba a pagar ese servicio, "el agua no es mercancía", enfatizó desde Bolivia a través de una videoconferencia.
"Cuando una empresa obtiene la licitación del servicio de agua potable, la única beneficiada es la misma, pues ellos nunca pierden", coincidieron los expertos durante el Foro Ciudadano "Por un Sistema de Agua Potable Publico Democrático y Transparente", celebrado ayer en el museo de la ciudad capital.
El derecho al este vital liquido forma parte de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos, recalcó por su parte Rodrigo Gutiérrez del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
A Chiapas no le hace falta el agua, le sobra, señaló por su parte Antonio García, de la Universidad de Chapingo. "Este proceso de concesionar es una política que está mal".
La tercera parte del agua superficial de México pasa en el poblado de Cahuaré, en Chiapa de Corzo. El estado cuenta con cuatro hidroeléctricas que al ser levantadas se posicionaron de 100 mil hectáreas de las mejores tierras chiapanecas, el 10 por ciento de esa electricidad generada es para todo México.
Si Chiapas estuviera en Francia o Alemania se le tendría que pagar por todo lo que ofrece al país, pero ni Estados Unidos ha entregado a la IP el servicio del agua, entonces, ¿por qué nosotros sí?, cuestionó García.
EN LOS AÑOS 90 SE IMPULSA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Fue en los años 90 cuando en Latinoamérica se impulsó la privatización del servicio del agua, mientras que a finales de esos años en Asia y África se retomaba ese proceso, comentó por su parte Cindy McCulling, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente.
El 8 de octubre del 2012 se modificó el párrafo 6 del artículo 4 constitucional en el que se plasmó el derecho al agua; "el agua es un bien social y no económico que debe ser disponible, accesible y distribuida como un derecho humano", agregó Rodrigo Gutiérrez, del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Los asistentes pertenecientes a organizaciones, estudiantes, maestros y habitantes de colonias coincidieron que el pueblo organizado debe elegir y finalmente los funcionarios obedecer.
Por su parte, los Chiapanecos en Defensa del Agua explicaron que tras entregar las 7 mil firmas que se oponen a que el servicio de agua se privatice, el Congreso local no ha dado respuesta.
Un grupo de expertos pertenecientes a las universidades de Chapingo, Nacional Autónoma de México (UNAM) y Cochabamba, Bolivia, explicaron lo que sucedió en países de Latinoamérica después de que el estado o municipio otorgó a la Iniciativa Privada (IP) la administración y manejo de ese servicio.
El agua es un bien social y no económico. El párrafo sexto del artículo 4 constitucional señala que es un derecho humano. Por ejemplo, en Saltillo sucedió que tras los primeros meses de concesionar el servicio el costo aumentó en un 60 por ciento; quienes por primera vez solicitaban el servicio de conexión la empresa les pedía un pago inicial de 12 mil pesos; los árboles también sufrieron las consecuencias porque la limpia de los parques públicos tuvo un precio alto.
En Cochabamba, Bolivia, ocurrió lo mismo, aunque en este lugar tras un año de concesionar, los pobladores lograron que la empresa privada saliera de la ciudad; el Banco Mundial (BM) había logrado la privatización, pero los pobladores consiguieron más, el servicio del agua regresó a ser público estatal.
Óscar Olivera, de la Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho del Agua contó que cuando se había concesionado el líquido en aquel estado de América del Sur, la tercera parte del salario de una persona lo destinaba a pagar ese servicio, "el agua no es mercancía", enfatizó desde Bolivia a través de una videoconferencia.
"Cuando una empresa obtiene la licitación del servicio de agua potable, la única beneficiada es la misma, pues ellos nunca pierden", coincidieron los expertos durante el Foro Ciudadano "Por un Sistema de Agua Potable Publico Democrático y Transparente", celebrado ayer en el museo de la ciudad capital.
El derecho al este vital liquido forma parte de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos, recalcó por su parte Rodrigo Gutiérrez del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
A Chiapas no le hace falta el agua, le sobra, señaló por su parte Antonio García, de la Universidad de Chapingo. "Este proceso de concesionar es una política que está mal".
La tercera parte del agua superficial de México pasa en el poblado de Cahuaré, en Chiapa de Corzo. El estado cuenta con cuatro hidroeléctricas que al ser levantadas se posicionaron de 100 mil hectáreas de las mejores tierras chiapanecas, el 10 por ciento de esa electricidad generada es para todo México.
Si Chiapas estuviera en Francia o Alemania se le tendría que pagar por todo lo que ofrece al país, pero ni Estados Unidos ha entregado a la IP el servicio del agua, entonces, ¿por qué nosotros sí?, cuestionó García.
EN LOS AÑOS 90 SE IMPULSA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Fue en los años 90 cuando en Latinoamérica se impulsó la privatización del servicio del agua, mientras que a finales de esos años en Asia y África se retomaba ese proceso, comentó por su parte Cindy McCulling, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Occidente.
El 8 de octubre del 2012 se modificó el párrafo 6 del artículo 4 constitucional en el que se plasmó el derecho al agua; "el agua es un bien social y no económico que debe ser disponible, accesible y distribuida como un derecho humano", agregó Rodrigo Gutiérrez, del instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Los asistentes pertenecientes a organizaciones, estudiantes, maestros y habitantes de colonias coincidieron que el pueblo organizado debe elegir y finalmente los funcionarios obedecer.
Por su parte, los Chiapanecos en Defensa del Agua explicaron que tras entregar las 7 mil firmas que se oponen a que el servicio de agua se privatice, el Congreso local no ha dado respuesta.
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