jueves, 24 de julio de 2014

Ciudadanos ofrecen solucionar “caos”

Jonathan Cervantes / CP Ante la búsqueda de privatizar el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) de Tuxtla Gutiérrez por parte de sus directivos, la iniciativa ciudadana propone una administración eficaz sin necesidad de privatización, únicamente mejorando los procesos y alejando de la directiva a “malos elementos”.
Así lo señaló Roberto Araujo Sánchez, en otro momento, primer regidor de Tuxtla Gutiérrez durante la administración municipal 2002-2004, encabezada por Victoria Rincón Carrillo.
Destacó que tras el término de su cargo municipal, en el Smapa se quedaron entre 240 a 420 empleados, entre permanentes y eventuales, y 14 millones de pesos de utilidades en caja, además de que la distribución del suministro de agua llegaba a toda la ciudad.

“Viene la alternancia y entra en el Gobierno estatal Juan Sabines, quien lo primero que hizo fue llevarse todo el efectivo que había en el Smapa y empezó a integrar personal, habiendo posiblemente a la fecha más de dos mil trabajadores, entre operadores y aviadores, generando un caos”, señaló.
Actualmente en las colonias el agua es ordeñada directamente de la tubería, situación que el Smapa sabe y no lo cobra, porque, dijo, es un sistema de “oportunistas” que con tal de llevar el voto a la comunidad, condicionan el vital líquido.
Sostuvo que con los años se fue deteriorando el sistema, se incorporó más personal y fue considerado un botín hasta llegar al problema actual, en que la única salida es privatizar, regalar, concesionar o vender.
Patronato
Dijo que la sociedad organizada propone que el Smapa no se privatice, sino que se otorgue a un patronato 100 por ciento ciudadano, sin cobro, sin goce de sueldo, el cual deberá iniciar por conseguir los recursos económicos necesarios para echar andar otra vez el sistema.
“Las condiciones para que el patronato lo reciba deben ser iguales a las que está cediendo ante alguna iniciativa privada, que son sin algún sindicato y con cero personal, porque ¿quién va a indemnizar a los trabajadores que plantean correr? Dicen que la gente nueva, pero hasta no ver un acta notariada se podrá constatar”, explicó.
Araujo Sánchez puntualizó que esta propuesta ciudadana plantea la construcción de un segundo piso distribuidor de agua, ya que actualmente es más costoso abrir nuevamente las calles que implementar tuberías aéreas, que sería con ejes transversales y longitudinales.
En este sentido, argumentó que como Tuxtla Gutiérrez está ubicanda en una cuenca y la estación de bombeo está en lo más alto, por gravedad el agua deberá bajar perfectamente y con la presión que requiere para llegar a los hogares de la ciudad.
Aclaró que con este nuevo sistema se sabría puntualmente cuáles son aquellos hogares y empresas que hacen uso del vital líquido de forma irregular mediante la conexión de tomas clandestinas directamente a la red de distribución.
“El agua debe pagarse en función de su consumo, es decir que deben establecerse montos razonables, reales y proporcionales a los metros cúbicos usados, por ello requiere ser un sistema similar de cobro a la energía eléctrica, con un precio básico y un costo específico si el consumo es mayor”, expresó.
Añadió que para la obtención de los recursos, que según el Smapa ascienden a casi 600 millones de pesos para su rescate, se permitirá la participación de inversionistas que deberán ser avalados por el patronato, esto con el objetivo de contar con el presupuesto requerido.
Aseguró que se incluirá en el patronato personas que verdaderamente sepan operar empresas para que se pueda eficientar el sistema, el servicio y el cobro, ya sean miembros de Colegios o especialistas en la materia.
“No queremos trabajadores que sobren, esto porque sabemos que hay personas muy valiosas por sus conocimientos y por su honradez que continúan laborando diariamente y que están dispuestas a dar todo para un nuevo Smapa”, dijo.
Finalmente, Araujo Sánchez manifestó que no es posible que se aplique “borrón y cuenta nueva”, porque en esta ocasión sí hay culpables que tienen nombre y apellido, por lo que esta situación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero esto será llevado a cabo por el patronato tras cotejar los análisis financieros.
Indicó que los gobiernos estatal y municipal deben escuchar la propuesta en tiempo y forma, creer en los ciudadanos, considerar y valorar la capacidad de la sociedad organizada, comprender el proyecto ejecutivo y por último que todos paguen el consumo.
“Es necesario primero que nos escuchen, después realizaríamos un recorrido por las instalaciones, posteriormente se llevaría a cabo un diagnóstico de la situación operativa y financiera del Smapa y finalmente se presentaría el proyecto ejecutivo integral, concluyó.

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