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- Publicado el Viernes, 11 Julio 2014 01:27
- Escrito por José Adriano Anaya
En México tiene más de 15 años que el agua potable se privatizó y se convirtió en un magnífico negocio para varias empresas, entre ellas las refresqueras, quienes expenden agua embotellada y en garrafón para consumo en los hogares. La privatización del agua potable se generalizó sin que nos diéramos cuenta, después de la pandemia del cólera que afectó a gran parte del país en la última década del siglo pasado, en que se inició el consumo del agua embotellada y se volvió un hábito en la población.
Pero esta privatización en el consumo del agua ha resultado insuficiente para los ayuntamientos en algunas ciudades en el país –la prestación del servicio del agua potable es atribución de los municipios-, quienes iniciaron el proceso de privatización del servicio de la red de agua potable entubada. En Chiapas, el municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la administración encabezada por Samuel Toledo Córdova Toledo, tiene como principal proyecto la privatización del Servicio Municipal del Agua Potable y Alcantarillado y desató una importante oposición popular, que ante la inminente autorización por parte de los diputados del Congreso Local, iniciaron una recolecta de firmas para solicitar en los términos de la ley, una consulta pública a la ciudadanía, para definir la privatización o no de este servicio.
En Tuxtla Gutiérrez el servicio del agua potable es caro y deficiente. Pero además la dependencia responsable del servicio, SMAPA, arrastra una deuda pública de más de 400 millones de pesos, originada a través de un proyecto malogrado por Juan Sabines Guerrero, quien demagógicamente impulsó en su época de presidente municipal, el proyecto de: “Agua para todos, todos los días”, que terminó siendo un fraude, que resulta conveniente revivir, para que se realicen las investigaciones pertinentes del caso, pues ese es el origen de la quiebra técnica de la dependencia.
En los seis años de la gubernatura de Juan Sabines, el SMAPA se convirtió en una cloaca, en donde su déficit financiero creció, porque sobre la nómina de esa dependencia fueron incorporados cientos de dirigentes de las colonias de la ciudad, que Sabines cooptó, como parte de una estructura de movilización política y electoral y porque SMAPA se convirtió en la caja chica del exgobernador, en donde se malversaron los ingresos públicos de esa dependencia.
SMAPA fue quebrada como parte de la corrupción del gobierno de Juan Sabines, a quien inexplicablemente no se le realiza ninguna investigación judicial, pero que, el actual presidente municipal Samuel Toledo, conocía perfectamente esa información, pues él desempeñó la responsabilidad en cinco secretarías distintas de gobierno, entre ellas la de hacienda y la de la función pública.
Pero la privatización de SMAPA contiene un importante negocio, pues ésta viene precedida por un nuevo préstamo, que los usuarios tendríamos que pagar y los beneficios serían para las autoridades municipales y para la empresa concesionaria de prestar el servicio del agua.
SMAPA siempre fue una dependencia autofinanciable y con superávit, que fue destruida por la corrupción institucional y por la pésima administración de sus recursos. Son muchos funcionarios que se enriquecieron descaradamente en esa dependencia, en donde existe una complicidad gubernamental, que impide la realización de la investigación sobre el desvío de los recursos. A la fecha existen trabajadores que son aviadores en la empresa y que las autoridades cínicamente señalan que no se les puede correr, pues serían demandados en la junta de conciliación y arbitraje y la deuda crecería al tener que pagar los laudos laborales.
La privatización de SMAPA no es ninguna solución. Pero lo que parece innegable, es que los actuales funcionarios del organismo ya no pueden continuar en sus funciones, pues en lugar de buscar solucionar los problemas de la empresa, lo que buscan es la privatización y con ello el encarecimiento del servicio.
Este problema de SMAPA está ligado al encarcelamiento de seis trabajadores de la planta potabilizadora, que buscaron defender sus derechos laborales y que la autoridad, en lugar de atender las demandas procedió a la detención violenta y al auto de formal prisión.
Esos trabajadores están siendo criminalizados y deben ser puestos en libertad inmediatamente. Y si el gobierno quiere hacer justicia, debe abrir los expedientes de la corrupción de SMAPA y del paso de Samuel Toledo Córdova Toledo en las cinco secretarías que dependieron de él, pues sobre él pesa la presunción de un enriquecimiento inexplicable, que la autoridad debe investigar.
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